viernes, 8 de febrero de 2013

PIDEN DIPUTADOS ATENCIÓN GUBERNAMENTAL PARA EL SECTOR CAÑERO

Durante la sesión ordinaria aprobaron puntos de acuerdo sobre educación y desarrollo metropolitano, así como un nuevo exhorto al Ejecutivo para que estos instrumentos parlamentarios sean atendidos.

Los diputados del Congreso de Morelos solicitaron hoy atención gubernamental para todos los eslabones de la cadena agroalimentaria de la caña de azúcar, en beneficio de 440 mil familias de 227 municipios pertenecientes a 15 estados del país, entre ellos 19 municipios morelenses, a propuesta del presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, diputado Fernando Guadarrama Figueroa.

También, como aportación al punto de acuerdo que fue aprobado por unanimidad, el diputado Juan Carlos Rivera Hernández destacó la grave problemática que atraviesan los productores cañeros y propuso pedir igualmente al Gobierno Federal que limite la importación de fructosa y sus derivados, un programa de protección que favorezca la estabilidad en precio de la tonelada de azúcar y políticas públicas que den certeza al sector; y al Gobierno estatal subsidio económico y en insumos para los cañeros de los ingenios La Abeja y Emiliano Zapata.

Durante la sesión ordinaria, el legislador Fernando Guadarrama presentó una proposición con punto de acuerdo que fue aprobada, por la cual se exhorta a tomar cartas en el asunto a los titulares de las secretarías estatales de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Económico, así como de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Economía (SE), del gobierno federal.

El exhorto busca que se desarrolle y se transfiera en todo el país, una estrategia integral que atienda a todos los eslabones de la cadena agroalimentaria de la caña de azúcar, en la producción primaria, procesamiento y transformación, proveedores de insumos, asociaciones de productores, instituciones de fomento a la cadena, instituciones de investigación y de transferencia de tecnología.

También, que se lleve a cabo la revisión a la normatividad en la materia, con el objeto de contar con los elementos necesarios en cuanto a políticas públicas sólidas y adecuadas a las necesidades vigentes, que den certidumbre a las más de 440 mil familias, entre empleados permanentes y temporales, asentados en 227 municipios pertenecientes a 15 estados de la República, entre ellos los 19 municipios del estado de Morelos que integran la zona de influencia de los ingenios azucareros.

En la sesión, los legisladores también conocieron y aprobaron la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado José Manuel Agüero Tovar, mediante la cual se pretende que el Consejo para el Desarrollo Metropolitano de la Zona Metropolitana de Cuernavaca, integre en sus convenios y programas al municipio de Tlaltizapán, tal y como lo señalan el Consejo Nacional de Población, la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

En la tribuna parlamentaria expuso que Tlaltizapán cumple con requisitos de densidad media urbana, integración funcional por trabajo, distancia de la ciudad central y otros criterios que consideran las instancias gubernamentales citadas, para ser incluida en la zona metropolitana y acceder a beneficios que disfrutan Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata, Tepoztlán, Huitzilac, Temixco y Xochitepec.

El mismo diputado Agüero Tovar presentó y obtuvo la aprobación de sus homólogos al punto de acuerdo con el que se busca que la Secretaría de Educación local y el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, flexibilicen los procesos de preinscripciones al ciclo escolar 2013-2014, proporcionando las modalidades por vía internet y o directamente en los centros educativos del estado.

Dijo que muchos padres de familia no se enteraron de la convocatoria a realizar las preinscripciones por esa vía y muchos no tienen internet, mientras que la diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez destacó que la intención del novedoso sistema era evitar las largas filas y los tiempos de espera, las cuotas escolares y los recomendados. El acuerdo fue aprobado con un artículo transitorio que promueve certidumbre y transparencia en el proceso e informar a los tutores las razones en caso de una negativa, lo cual fue propuesto por el diputado Alfonso Miranda Gallegos.

De la misma manera, los diputados dieron su voto a favor de la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, por la cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a ratificar la indicación a su gabinete legal y ampliado, en el sentido de dar respuesta perentoria a los exhortos y puntos de acuerdo aprobados por el Congreso.

En tribuna, Bolaños Aguilar destacó el compromiso público hecho por el gobernador Graco Ramírez en la sesión solemne del 1 de febrero pasado para que los secretarios de despacho den respuesta a los exhortos y lo contrastó con el reporte oficial del propio Congreso, relativo a que sólo uno de 59 acuerdos emitidos hasta la fecha ha sido respondido, por lo que la propuesta incluyó enviar al mandatario copia de todos los instrumentos parlamentarios.

La proposición de Bolaños Aguilar fue considerada como de urgente y obvia resolución con 17 votos a favor, cero en contra y ocho abstenciones, finalmente aprobada por 16 votos a favor y 12 en contra; generó un debate en el que diputado José Manuel Agüero Tovar se manifestó a favor y el legislador Jordi Messeguer Galli expuso su oposición calificándolo como “el colmo de los puntos de acuerdo” y señalando que mucho de los exhortos aprobados por la LII Legislatura han sido “excesivos” y fuera del ámbito de la competencia parlamentaria.

En la parte final del apartado de Proposiciones con puntos de acuerdo parlamentarios, el Pleno legislativo conoció el acuerdo emanado de la Junta Política y de Gobierno por el que se declara que no es procedente la destitución por incumplimiento de laudos laborales, de los presidentes municipales y síndicos de los ayuntamientos de Amacuzac, Ayala, Axochiapan, Cuautla, Jiutepec, Jojutla, Puente de Ixtla, Temoac y Zacatepec, solicitada por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

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