Durante la sesión ordinaria celebrada el día de hoy, la diputada Rosalina Mazari Espín presentó ante el pleno del Congreso una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversos artículos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del estado de Morelos, con relación a los lineamientos y protocolos del uso de la fuerza pública en la entidad, que deberán asumir las instituciones de procuración de justicia, seguridad pública y policiales.
En la tribuna legislativa, la diputada destacó que el uso de la fuerza pública deberá hacerse de manera racional, congruente, oportuna, sólo cuando sea estrictamente necesario y con respeto a los derechos humanos, apegándose a las disposiciones normativas y administrativas aplicables y conforme a derecho.
La propuesta incluye la adición del artículo 99 bis, que indica que la Secretaría de Seguridad Pública es la facultada exclusivamente para dictar los lineamientos o protocolos del uso de la fuerza pública en el estado.
Agregó que los lineamientos deberán señalar con toda precisión qué tipo de armas pueden usar los elementos para atender cada caso o situación particular y la gradualidad del uso de las armas; establecer disposiciones tendientes a fomentar el uso de las menos lesivas; contemplar mecanismos de control tanto para el almacenamiento como para su distribución y precisar la obligación de dar aviso de advertencia, previo a su uso.
También contempla promover los lineamientos para la planeación estratégica y coordinada de los operativos, identificando tácticas y fuerzas a emplear en los diferentes escenarios, a fin de ajustarse al principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza; plasmar las condiciones que los justifican y las causas de su suspensión, así como prever los riesgos que pudieran presentarse en las acciones y sus respectivas alternativas de solución.
La diputada Rosalina Mazari abundó que los lineamientos y protocolos deberán especificar el curso de acción luego de una detención y contemplar, en caso de llegar al uso de la fuerza, qué trato y cuidados deben darse a las personas heridas y el aviso inmediato a sus familiares como una prioridad.
La iniciativa que fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil para su análisis y dictamen, propone igualmente reformar la fracción XI del Artículo 100, para utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las instituciones de seguridad pública, así como los lineamientos o protocolos de actuación que para el uso de la fuerza pública se emitan con base en las prevenciones generales a que refiere la Ley.
En la propuesta se incluye la reforma a la fracción I y el último párrafo del artículo 101, dentro de la misma Ley, que plantea registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e investigaciones que realice, debiendo en el caso del empleo de la fuerza pública, detallar de manera pormenorizada las condiciones o circunstancias que motivaron el uso de la misma.
La legisladora Rosalina Mazari Espín expuso que nuestro país ha ratificado diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, los cuales a raíz de la reforma constitucional en esa materia deben adquirir mayor eficacia para hacer realidad el principio pro persona, ahora constitucionalmente reconocido.
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