martes, 15 de julio de 2014

BUSCAN EVITAR CASOS DE ABANDONO DE ADULTOS MAYORES

  • La diputada Erika Hernández Gordillo presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores del Estado de Morelos.

Con el objetivo de evitar o disminuir los casos de abandono de adultos mayores por parte de sus familiares, la diputada Erika Hernández Gordillo presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores del Estado de Morelos.


La propuesta de reforma las fracciones IV y V y adiciona una fracción VI, al artículo 10 de la Ley en comento, y fue enviada a la Comisión de Desarrollo Social para su análisis, misma que deberá presentar su dictamen a la consideración del Pleno parlamentario.

En su exposición motivos, el documento destaca que según el Instituto Nacional de las Personas Mayores (INAPAM), en México hay 10.5 millones de personas mayores de 60 años, lo que representa a nueve de cada 100 mexicanos.

De ese grupo de población, el 82 por ciento vive algún grado de pobreza, ya sea monetaria o alimentaria, de los cuales 21.4% tienen problemas de acceso a la alimentación, 26% a servicios de salud; 28% no tienen seguridad social y 16% no cuenta con servicios en su vivienda.

En ese contexto, la iniciativa indica que los adultos mayores en México enfrentan todos los días situaciones de desigualdad social, enfermedad, vulnerabilidad, malos tratos, inequidad y discriminación debido a su edad.

Además, deben de enfrentar las pocas o nulas oportunidades laborales a las que tienen acceso, aun y cuando todavía requieren seguir trabajando ya sea porque no cuentan con una pensión o porque las personas a las que les corresponde la obligación de atenderlos, simplemente no lo hacen o bien desaparecen.

Con esta iniciativa se pretende evitar o disminuir los casos de abandono de adultos mayores por parte de sus familiares, implementando medidas en las que se pueda detectar el abandono o la intención de hacerlo.


De esa manera se obligaría a las instituciones de asistencia social, tanto públicas como privadas, a dar vista a la autoridad correspondiente de la posible infracción a las disposiciones de la propia Ley de Protección y Desarrollo de las Personas Adultas Mayores del Estado, específicamente para el caso de que un adulto sea objeto de abandono aún estando en estas instituciones.

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