- Propone la diputada Amelia Marín Méndez que estas instituciones sean obligadas a publicar la validez de las licenciaturas que ofrecen.
La diputada
Amelia Marín Méndez planteó al Pleno una iniciativa con la finalidad de que sea
una obligación de las universidades privadas publicar en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad”, los documentos que acrediten que están autorizadas para
impartir las licenciaturas que ofrecen.
La
propuesta presentada en la pasada sesión ordinaria adiciona un párrafo a la fracción III del articulo13 de
la Ley sobre el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Morelos, y busca
atender una preocupación de jóvenes estudiantes y padres de familia, sobre la
autorización oficial para la oferta de carreras universitarias a las que tienen
acceso.
En su
exposición de motivos, la legisladora lamentó que aunque los diputados han
autorizado un porcentaje considerable de manera fija del Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Estado a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, cada
año un número importante de jóvenes se quedan sin un lugar para poder continuar
sus estudios.
Es por eso
que se ven obligados a realizar sus estudios de educación media superior y
superior en una escuela privada, y las autoridades del ramo han manifestado que
algunas instituciones educativas no cuentan con las autorizaciones legales para
impartir determinadas licenciaturas, lo que resulta un fraude para quienes confiaron en
esas universidades.
La
iniciativa de la diputada Amelia Marín pretende que sea una obligación de esas universidades
privadas publicar en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de
difusión del Gobierno del Estado, los documentos que acrediten que están
autorizadas para impartir las licenciaturas que oferten.
Además, a
que antes del inicio de cada semestre, sobre todo en el primero, entreguen una
copia del Periódico Oficial a todos sus alumnos, y de esta forma se dará
certeza jurídica tanto a los padres de familia como a los estudiantes, en el
sentido de que los estudios que realicen cuentan con la autorización oficial correspondiente;
de ser omisas estas instituciones, deberán ser sancionadas.
El
documento fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para
su análisis y dictamen.
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