• Avalan decisión del Consejo Directivo de sumarse al Pacto por México.
• La próxima Asamblea será en el estado de Guerrero, en el mes de septiembre.
Xochitepec, Mor.- En su Segunda Asamblea Plenaria, la Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol) avaló hoy la decisión de su Consejo Directivo de sumarse al Pacto por México, y con relación a todos los temas del mismo estableció que los Estados necesitan más información de sus programas, de la implementación concreta, de la distribución de competencias y de su financiamiento.
En sesión plenaria durante el segundo y último día de las actividades que se desarrollaron en el Centro de Convenciones WTC, en Morelos, los diputados locales de todas las entidades federativas del país conocieron las conclusiones a que llegaron los participantes en una decena de mesas de trabajo, en las que se analizaron los temas más trascendentes de la vida pública nacional y la contribución que pueden hacer las legislaturas de los estados.
El presidente de la Copecol, diputado Eduardo Andrade Sánchez, acompañado por el vicepresidente del organismo y presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso de Morelos, Juan Ángel Flores Bustamante, encabezó la sesión en que se conocieron las conclusiones de las mesas de Pacto por México; Código Penal-Código de Procedimientos Penales unificados y su relación con el nuevo Sistema de Justicia Penal.
También: Responsabilidad administrativa y financiera de Estados y Municipios; Tratamiento de los derechos de las víctimas y su impacto en las legislaciones locales; Seguridad Pública; Desarrollo Rural; Desarrollo Social; La posible reforma al Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Estados frente a los tratados internacionales; Migrantes mexicanos en el exterior; y, Juventud y Deporte.
Como resultado de los trabajos de la Mesa Pacto por México, se generaron conclusiones orientadas a conocer con precisión los alcances de las acciones del mismo en seguridad social, seguro de desempleo y salud; la reforma hacendaria en sus ramas de recaudación y gasto; telecomunicaciones y banda ancha; en ciencia y tecnología elevar la calidad educativa de los contenidos en la radio y en la televisión y que se flexibilicen los requisitos para los permisos de radiodifusoras educativas y culturales. Al término de la Mesa se instauró la Comisión Mixta de Periodistas y Legisladores Locales para promover en los estados la protección a los periodistas.
En la Mesa de Código Penal-Código de Procedimientos Penales unificados y su relación con el nuevo Sistema de Justicia Penal, se concluyó en la necesidad de hacer un llamado a los Congresos de los estados donde no ha entrado en vigor el nuevo sistema acusatorio adversarial, a exigir recursos económicos para blindar económicamente el proceso y lograr que en el 2016, como está previsto, el país ya esté bajo este nuevo esquema; además, regular la policía comunitaria en el nuevo código penal que se plantea, así como la actuación de la milicia.
En la Mesa de Responsabilidad Administrativa y Financiera de Estados y Municipios se estableció la necesidad de crear mecanismos de coordinación en materia de fiscalización y control gubernamental, agrupando a las comisiones de vigilancia de las auditorias superiores de los estados en el seno de la Copecol, por lo que los integrantes de dichas comisiones fueron convocados a la reunión constitutiva que se llevará a cabo el 5 de abril en la ciudad de México; además, se propuso un pronunciamiento del organismo a favor de la fiscalización y la rendición de cuentas, y acciones para evitar el endeudamiento excesivo.
En la Mesa de Tratamiento de los derechos de las victimas y su impacto en las legislaciones locales se destacó la necesidad de considerar a las víctimas y su atención como un asunto prioritario dentro de las estrategias estatales de seguridad y justicia; mejorar las leyes ya existentes con un enfoque ciudadano y de responsabilidad social; evitar el reclutamiento de menores tanto por instituciones oficiales como por grupos delincuenciales e impulsar un programa especial de carácter nacional para la atención a las niñas, niños y adolescentes víctimas de la violencia, sin importar cómo y por qué se han visto involucradas o afectadas de manera colateral, ofreciendo un lugar seguro donde vivir y desarrollarse, de ser necesario;
En Seguridad Pública se propuso clarificar los temas de mando único y gendarmería nacional; impulsar la profesionalización y el servicio civil de carrera en materia policial; en prevención del delito un impulso fuerte en educación; llamar a los medios de comunicación a que no se conviertan en esquemas de apología del delito; fortalecer los programas oficiales que tienen que ver con la participación ciudadana en materia de seguridad pública y de observatorios ciudadanos; también, un llamado para fortalecer los programas de rescate y ocupación de espacios públicos; para todo ello, buscar una reunión con el comisionado de Seguridad Pública, Manuel Mondragón y Kalb.
En Desarrollo Rural: Que no existe una asistencia técnica adecuada cuando tenemos grandes productores en el país; que la política pública se haga en SAGARPA y se estandarice y se incida en las reglas de operación que maneja la dependencia porque los estados tienen diferentes condiciones; que se retome la asistencia técnica y se le dé profesionalización; que se cambien los requisitos para entrar a Banrural; modificar el extensionismo rural ya que al día de hoy ya va enfocado al esquema empresarial; y, homologar los recursos de las distintas dependencias federales, estatales y de ayuntamientos.
En Desarrollo Social: La propuesta principal es que cada Congreso tenga una oficina técnica de investigación de programas sociales, otra es elevar los salario mínimos para mejorar las condiciones de igualdad, disminuir el número de pobres y evitar la dependencia de los programas sociales y su fracaso, el clientelismo y la corrupción; que las autoridades deben regirse bajo cuatro principios: 1. Universalidad, 2. Interdependencia, 3. Indivisibilidad, y 4. Progresividad, los cuales deben apegarse al principio pro persona.
En la Mesa de La posible reforma al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los estados frente a los Tratados Internacionales se propone modificar el proceso de negociación y aprobación de los Tratados internacionales para incluir al Senado dentro del mismo, además que sean sancionados por el Constituyente permanente, y se pide al Consejo Directivo Nacional de la Copecol crear una comisión de trabajo que prepare una iniciativa de reforma constitucional que abarque los puntos anteriores.
En la Mesa de Migrantes mexicanos en el exterior se propusieron exhortos al gobierno de cada uno de los estados para la expedición de las actas de nacimiento en el marco de una posible reforma migratoria y prever los formatos específicos; al gobierno federal a analizar la problemática de las familias migrantes que pudieran necesitar el apoyo y a los tres órdenes de gobierno a homologar y hacer más eficientes los programas de atención a la población migrante y sus familias, así como a cada municipio a contar con una comisión de asuntos migrantes para coadyuvar con los trabajos de las comisiones a nivel Congreso; y promover la representación del migrante mexicano por medio de un representante electo en el exterior.
En la Mesa de Juventud y Deporte “como acuerdo troncal se concluyó que el derecho al desarrollo integral de las y los jóvenes debe ser garantizado como un derecho humano fundamental en nuestras cartas magnas”; revisar las leyes y constituciones locales para involucrar a los municipios en la atención a la juventud y al deporte; garantizar la transversalidad en las políticas públicas encaminadas a la juventud y que este concepto de transversalidad sea garantizado por las legislaturas locales.
También, implementar o fortalecer el parlamento Juvenil, cuyas conclusiones pudieran servir como iniciativas y debieran seguir su curso legislativo en las comisiones, lo que de facto se constituiría como una iniciativa juvenil; y analizar la viabilidad de una reforma que determine que determinado porcentaje de las candidaturas deben ser ocupadas por menores de 29 años de edad.
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