Aprueban diputados un exhorto dirigido al Poder Ejecutivo y los 33
Ayuntamientos, a propuesta del legislador Gilberto Villegas Villalobos.
El
Congreso solicitó a los titulares del Poder Ejecutivo y de los 33 Ayuntamientos
de Morelos, un informe sobre los planes y programas implementados a favor de
las personas con discapacidad, el número de sus beneficiarios y los nombres de
los integrantes de los comités sociales o de vigilancia que están pendientes de
su buen funcionamiento, en cumplimiento a los artículos 4 y 5 de la Ley de
Atención Integral para Personas con Discapacidad del Estado de Morelos..
Fue a
propuesta del diputado Gilberto Villegas Villalobos, presidente de la Comisión
de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad, como los
legisladores aprobaron por unanimidad este exhorto durante la sesión ordinaria
de este día.
En la
exposición del punto de acuerdo ante sus homólogos, el legislador señalo que se
pretende resaltar que la incorporación de la perspectiva de la discapacidad en
el Programa Estatal de Desarrollo, debe ser una estrategia para lograr la
igualdad de las personas con discapacidad y poder incluirlas dentro de una vida
común.
Por ello,
el exhortó al titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como a los 33
Ayuntamientos, para que en el ámbito de sus respectivas responsabilidades de
Desarrollo Social, Humano, de Salud y Asistencia Social, informen a esta
representación social los planes y programas que se han implementado en favor
de las personas con discapacidad.
Ello,
toda vez que a las personas con discapacidad generalmente se les niega la
posibilidad de la educación o del desarrollo profesional, se les excluye de la
vida cultural y las relaciones sociales normales, se les ingresa
innecesariamente en instituciones y tienen acceso restringido a edificios
públicos y transporte debido a sus limitaciones físicas.
Además de
que estas personas encuentran numerosos obstáculos en la sociedad y con
frecuencia son objeto de estigma y discriminación; siguen siendo en gran parte
marginados, desproporcionadamente más pobres, a menudo desempleados y tienen
mayores tasas de mortalidad.
También,
son excluidas en gran medida de los procesos civiles y políticos y
mayoritariamente no tienen voz en los asuntos que les afectan a ellos y a su
sociedad, no teniendo así las mismas oportunidades que las personas que carecen
de algún tipo de discapacidad.
El punto
de acuerdo señala que no solamente las personas con discapacidad sufren; la
sociedad pierde la oportunidad de aprovechar su enorme potencial y la
experiencia demuestra que cuando están habilitadas para participar y liderar el
proceso de desarrollo, toda la comunidad se beneficia, ya que su participación
crea oportunidades para todos, con o sin discapacidad. Por ello, la inclusión
de las personas con discapacidad y sus comunidades en las actividades de
desarrollo, es fundamental para promover un desarrollo equitativo.
Por
tanto, es imperativo que los esfuerzos de desarrollo alrededor de nuestro País,
y de nuestro Estado, incluyan las cuestiones relativas a la discapacidad para
determinar las políticas, los programas, así como la asignación de fondos para
los programas y los proyectos de desarrollo, señala el acuerdo aprobado por los
legisladores.
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