miércoles, 12 de noviembre de 2014

MÁS CASTIGO A FUNCIONARIOS LIGADOS A DELINCUENCIA ORGANIZADA

  • El diputado Juan Ángel Flores Bustamante planteó reformar la Ley del ramo y endurecer las sanciones.

Con la finalidad de evitar que la delincuencia se introduzca y corrompa las instituciones y a los servidores públicos, el diputado Juan Ángel Flores Bustamante propuso aumentar al doble las sanciones para quienes comentan el delito de delincuencia organizada y tengan funciones administrativas.

La propuesta contempla el aumento de la pena de prisión, que actualmente es de ocho a diez años, para quedar de diez a doce años a quienes tengan funciones de administración, dirección o supervisión de la célula delictiva, y para quienes no tengan esas funciones pasaría de seis a ocho años que es actualmente, a ser de siete a nueve años.

También contempla el aumento al doble de las sanciones cuando se trate de cualquier servidor público, para que se señala la destitución del cargo y que se le inhabilitará para desempeñar cualquier cargo o comisión pública por el doble término de la sanción; los servidores públicos serán boletinados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y se deberán decomisar los objetos, instrumentos o productos del delito, así como bienes y derechos propiedad del sentenciado.

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3 de la Ley Estatal contra la Delincuencia Organizada para el Estado de Morelos, tiene como propósito fundamental endurecer las sanciones para quienes cometan el delito de delincuencia organizada y en especial aumentar las sanciones en el caso de que quienes lo comentan sean servidores públicos.

El legislador, en el uso de la tribuna, resaltó que frente al grave problema que representa la delincuencia organizada en nuestro estado, es necesario fortalecer la Ley para combatirla de manera eficiente.

 Señaló que los recientes acontecimientos en el vecino estado de Guerrero, en los que se han visto involucrados servidores públicos, dan una muestra de la falta de probidad e integridad en el cumplimiento del deber público, de una absoluta ausencia de respeto al marco normativo y de violación a los derechos humanos.

Reconoció que la sociedad está molesta por servidores públicos que se enriquecen al amparo de su cargo y sobre todo de conocer casos en los que se encuentran involucrados en delitos de delincuencia organizada, por ello su propuesta de endurecer las sanciones.


La iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación para su análisis y dictamen.

No hay comentarios:

Publicar un comentario