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Son ya 13
años de haberse desatado en la entidad una fuerte ola de violencia durante los
que se han registrado 530 feminicidios, informó la Comisión Independiente de
Derechos Humanos.
Este día
los diputados María Teresa Domínguez Rivera y Héctor Salazar Porcayo
respaldaron a la Comisión Independiente de Derechos Humanos en la solicitud que
ésta hizo ante la Secretaría de Gobernación del gobierno federal para que sea
declarada en Morelos la “Alerta de Violencia de Género” (AVG).
El
legislador Héctor Salazar Porcayo resaltó que el Congreso en la LII Legislatura
y en el marco de sus facultades, ha impulsado la solicitud para que sea
declarada en nuestro estado esta alerta; el pasado 11 de julio, a propuesta
suya, los diputados aprobaron un exhorto dirigido a la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión y al Instituto Nacional de las Mujeres, para solicitar la
ejecución de las acciones oficiales necesarias para declarar la alerta de
Género en Morelos.
Es de
recalcar que con
base en el Artículo 24, fracción I de la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) se expresa que ésta se emitirá cuando los
delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la
seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado
(…) con el fin de garantizar la
seguridad de las mujeres y el cese de la violencia en su contra.
Asimismo en la fracción III del
mismo artículo de la Ley en comento se establece que la declaratoria de alerta
de violencia de género contra las mujeres, se emitirá cuando “organismos de
derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los
organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo
soliciten”.
Esta solicitud debe ser
presentada ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVCM) y
corresponderá al Gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación
declarar la alerta de violencia de género y notificar la declaratoria al Poder
Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate.
En rueda de prensa los diputados María
Teresa Domínguez Rivera y Héctor Salazar Porcayo acompañaron a Juliana Quintallina y
José Martínez Cruz, que encabezan la Comisión Independiente de Derechos
Humanos, quienes presentaron el informe de investigación que el día de ayer 4 de
septiembre fue entregado ante las instancias correspondientes para su
evaluación y de la que se espera la pronta declaratoria de la Alerta de
Violencia de Género.
Juliana Quintanilla y Martínez
Cruz manifestaron que son ya 25 organizaciones de mujeres y de defensa de
Derechos Humanos, así como sindicales y sociales las que también están
solicitando la declaratoria de AVG en Morelos.
En el
informe presentado se da cuenta de que la violencia feminicida y en particular
los feminicidios en el Estado de Morelos, son una situación de extrema violencia
que se ha ido acrecentando a lo largo de los años.
Son ya 31
los municipios de la entidad morelense que forman parte del mapa del
feminicidio: Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río,
Cuatla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla,
Jonacatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo,
Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango,
Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla y Zacatepec.
Por otra
parte, cabe recordar que durante la Tercera Asamblea Plenaria de la Conferencia
Permanente de Congresos Locales (COPECOL), celebrada del 28 al 30 de agosto en
Acapulco, Guerrero, la diputada María Teresa Domínguez Rivera logró el consenso
de los legisladores de todo el país que se unieron para solicitar que “se
exhorte y conmine” al Gobierno federal y los de los estados para implementar la
Alerta de Género en todo el país y en cada una de las entidades federativas.
Esta
solicitud va más allá al considerar la diputada Domínguez Rivera que la
situación de los feminicidios es grave en todo el país, de ahí la urgencia de
que sea desde el Gobierno federal que se cambien no sólo las políticas públicas
sino incluso las acciones y la actitud que priva en la atención de temas
relacionados con las necesidades y demandas de las mujeres, que siguen
representando un sector vulnerable.
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