- Con iniciativas de reforma a los ordenamientos
que regulan la vida interna del Poder Legislativo, buscan eficientar el trabajo
legislativo y no abusar del cargo de legisladores.
Los
diputados Amelia Marín Méndez y Edmundo Javier Bolaños Aguilar, integrantes de
la bancada de Acción Nacional, presentaron al Pleno legislativo iniciativas de
reforma al Reglamento Interno y a la Ley Orgánica, ambos para Congreso del
estado, la primera en materia de discusión de los dictámenes en sentido
negativo que emiten las comisiones y el segundo con relación a las
inasistencias a sesiones permitidas para los legisladores.
La
diputada Amelia Marín Méndez señaló que lo establecido en el artículo 104 del
Reglamento para el Congreso contraviene el derecho de audiencia que todos los
mexicanos tenemos. Y explica que cuando una iniciativa de reforma es dictaminada
en sentido negativo, simplemente se informa de esta resolución al presidente de
la Mesa Directiva para que lo haga del conocimiento del Pleno, sin que el
dictamen formulado en la comisión respectiva sea discutido y menos votado, sencillamente
se manda a archivar.
Marín
Méndez abundó al señalar que cuando se dictamina en sentido negativo, pudiera
ser que los miembros de la comisión correspondiente tengan razón, pero también
pudiera resultar que se equivoquen y que dictaminen en sentido negativo sin que
sus argumentos sean convincentes para tomar esa decisión.
De ahí la razón para considerar que aun cuando
se dictamine en sentido negativo, el dictamen debe ser agendado en una orden del
día para que lo conozca el Pleno, y en su caso, lo discuta y lo vote, y de esta
forma el iniciador tenga la posibilidad de defender su propuesta. El artículo
107 del Reglamento claramente señala que los dictámenes (no dice si solo los
positivos) serán programados para su discusión en la sesión que determine la Conferencia.
Y propone
la modificación a la fracción II del artículo 104 que quedaría como sigue: Toda
iniciativa, será analizada primero en lo general para determinar su procedencia
o improcedencia. En caso de considerarse procedente, se elaborarán las
consideraciones del dictamen en lo general y se procederá conforme a lo
previsto en el presente capitulo; en el
supuesto de que la resolución sea de improcedencia, se formulara el dictamen en
sentido negativo, y se hará llegar al Presidente de la Mesa Directiva, a efecto
de que sea agendado en el orden del día que corresponda, para que sea sometido
a la consideración del Pleno para su discusión y votación.
Asimismo,
su compañero de bancada Edmundo Javier Bolaños Aguilar, propuso disminuir el
número de inasistencias a sesiones de Pleno a que tienen derecho los diputados,
de 7 a solo 3 para después proceder en consecuencia.
Bolaños
Aguilar consideró que actualmente la redacción de la legislación reglamentaria
del Legislativo es laxa y permite a los diputados faltistas cubrir sus
ausencias sin consecuencias importantes por sus omisiones, por lo que propuso
que se apliquen sanciones drásticas y que se eviten estas prácticas que solo
entorpecen el quehacer legislativo.
Y agregó
que el cargo de diputado es de una gran responsabilidad, porque mantienen la
representación de los ciudadanos frente a los demás poderes e instituciones, el
legislador cobra “una dieta generosa por el cargo, por lo que, lo que debemos
hacer es cumplir puntualmente con la asistencia a las sesiones donde se
acuerdan y votan los temas que le importan a los morelenses y no esconder estas
acciones con mecanismos que cambien el orden de la presentación de los temas en
el pleno, seamos congruentes con nuestra responsabilidad”.
El
diputado manifestó que dentro de una empresa privada al trabajador que falte de
manera injustificada más de tres veces en un periodo de 30 días, se le despide y
con toda justificación, de ahí que su iniciativa proponga aplicar este mismo
criterio para los diputados que tienen aún mayor responsabilidad y compromiso con los ciudadanos.
La
reforma es al artículo 17 de la Ley Orgánica que de aprobarse establecería: El diputado que se ausente más de tres
ocasiones dentro de un período de 30 días, será sometido a juicio político,
mediante procedimiento establecido en la Ley Estatal de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Morelos.
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