AVALA CONGRESO REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL

• De forma unánime, el Pleno del Congreso votó a favor de las modificaciones en materia de transparencia y competitividad económica.

El Pleno legislativo aprobó de manera unánime reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia y competitividad económica, para modificar 30 de sus artículos, así como los párrafos primero y último del artículo 25, y párrafo primero y tercero del apartado A del artículo 26, en dicho ordenamiento federal.

Durante la sesión ordinaria de este día, votaron a favor de la reforma aprobada por el Congreso Federal para incluir la obligación de rendir cuentas a las instancias públicas y privadas que reciban y ejerzan recursos públicos, tales como los gobiernos federal, estatales y municipales; los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los partidos políticos, sindicatos y particulares; también, concede autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública  y Protección de Datos Personales (IFAI).

Al fijar su postura a favor, el diputado José Manuel Agüero Tovar señaló que entre los beneficios de la reforma está la homologación de los criterios y procedimientos para presentar los informes solicitados; “estamos cerca de tener una plataforma institucional que obliga a informar cómo se ha gastado el dinero público y bajo qué criterios los funcionarios toman ciertas decisiones, es fundamental que la sociedad haga uso de este derecho”, subrayó.

Por otro lado, la reforma constitucional en materia de competitividad económica, enviada por la Cámara de Diputados del Congreso General, en cumplimiento al artículo 135 de la Constitución federal, para establecer que el Estado Mexicano cuente con instrumentos de política pública que hoy en día son insuficientes en el país, como son un programa de competitividad y una política industrial que otorguen certidumbre a los actores del crecimiento económico y que garanticen la atención prioritaria de impulso y fomento que el Estado debe darles.

Asimismo, faculta a los poderes Legislativo y Ejecutivo con base constitucional sólida para diseñar e implementar las políticas correspondientes y realizar las acciones encaminadas a cumplir sus objetivos y también para generar el marco normativo reglamentario que resulte necesario, como sería una ley reglamentaria para el desarrollo competitivo nacional, en la que se definirán el conjunto de condiciones que deberían considerarse dentro de la política de fomento a la competitividad.