- A fin de armonizar la legislación estatal con la nacional, la Comisión de Protección Civil del Congreso emitió el dictamen que engloba las propuestas presentadas por ocho legisladores ante el Pleno legislativo.
En sesión
ordinaria los diputados aprobaron de manera unánime la nueva Ley de Protección Civil
para el Estado de Morelos, que abroga la Ley aprobada en 2010 y actualiza términos,
conceptos y condiciones a fin de permitir acciones de prevención en materia de
protección civil.
La Ley
tiene por objeto homologar este ordenamiento estatal con el nacional aprobado a
principios de 2012, además de regular los trabajos de protección civil en
nuestro estado, así como establecer las bases de coordinación con la
federación, con otros estados y con municipios; además, de que prevé que los
sectores privado y social también participarán en la consecución de los
objetivos.
Fueron ocho los diputados de la LII
Legislatura que presentaron propuestas relacionadas con acciones de protección
civil que al final se integraron en esta nueva legislación; uno de ellos, el
diputado José Manuel Agüero Tovar, al hacer uso de la tribuna legislativa explicó
que en términos generales la nueva Ley tiene dos grandes aportaciones:
Primero
la nueva Ley elimina el término de Unidad de Protección Civil como actualmente
se maneja en los municipios y lo establece como Coordinación, y a la par
elimina el Instituto de Protección Civil para crear la Comisión Estatal de
Protección Civil.
Otra de
las cualidades del ordenamiento, enfatizó Agüero Tovar, es en cuanto a los
nombramientos de los titulares de las dependencias tanto en los municipios como
el coordinador estatal, puesto que la Ley obliga a que todos estén debidamente certificados con
el aval de la escuela nacional o de la estatal de Protección Civil.
Con este nuevo ordenamiento se promoverá la
incorporación de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación,
control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen y
con un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de
gobierno y a los sectores de la sociedad, a fin de facilitar la creación e
implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados
al logro de modelos de desarrollo sostenible, que combatan las causas de los
desastres y fortalezcan las capacidades de resistencia de la sociedad.
Estas
acciones involucran las etapas de: identificación de riesgos y su proceso de
formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio,
recuperación y reconstrucción local y regional, estableciendo estrategias y
políticas basadas en el análisis de los riesgos, con el fin de evitar riesgos futuros
y marcar las acciones de intervención para reducir los ya existentes.
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