· Comparece titular de la dependencia ante diputados,
encabezados por el presidente de la Comisión del ramo, Héctor Salazar Porcayo.
El
titular de la Secretaría del Trabajo (ST) en el estado, José de Jesús Pérez,
anunció que se proyecta la apertura de la Junta Especial Número Cuatro de la
Local de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de Cuernavaca, para conseguir la
distribución equitativa del exceso de procesos en trámite, mismos que
actualmente se atienden con graves retrasos en las instancias respectivas;
dicha unidad administrativa tendría un costo anual aproximado de 10 millones de
pesos.
Lo
anterior, como parte de la comparecencia que hoy realizó el presidente de la
Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del estado,
diputado Héctor Salazar Porcayo, así como los legisladores Rosalina Mazari
Espin, Juan Ángel Flores Bustamante, Alfonso Miranda Gallegos y Antonio
Rodríguez Rodríguez.
El
funcionario informó a los diputados que el nuevo gobierno recibió la JLyCA con
200 expedientes en inejecución en la SCJN; 300 amparos directos, que son laudos
en los cuales una de las partes no está satisfecha; 400 expedientes con amparo
directo que están rezagados; 800 laudos por emitir y, abundó, además
instalaciones en malas condiciones.
Anunció
una propuesta para crear la Dirección General de Empresas Sociales y
Cooperativas, cuyo objetivo será coadyuvar con los diferentes sectores de la
productividad, que fomente y ejecute acciones y programas que promuevan
beneficios a los empresarios y trabajadores por medio de la creación de
cooperativas.
Sobre
su proyecto de presupuesto para el año 2013, manifestó que están planteando
algunas consideraciones que no habían tomado en cuenta, como lo es la entrada
en vigor de una nueva Ley Laboral, la cual los mueve a tener que hacer un nuevo
cálculo de sus requerimientos, el cual se comprometió a enviar con cifras
pormenorizadas posteriormente.
Adelantó
que están solicitando una ampliación para el TECA de nueve millones de pesos
que ejerce este 2012, a un monto de 15.8 mdp para el 2013, justificando que
existe una conflictividad de dos mil 300 juicios en curso, de los cuales si
hubiese necesidad de pagar el día de hoy, serían aproximadamente 800 millones
de pesos, y que dicha cantidad se incrementará en la medida en que los salarios
caídos siguen creciendo.
Agregó
que debido a ello enviaron al Congreso del estado una iniciativa para quitar la
inamovilidad al personal de confianza, ya que los laudos de mayor cuantía
corresponden a ese sector -algunos con altos salarios-, lo que provoca que en
algunos casos haya laudos por tres millones de pesos.
El
secretario del Trabajo dijo que enviaron recientemente a los diputados 16 juicios de procedencia contra presidentes
municipales que no han cubierto sus créditos a los trabajadores beneficiados, y
que el Artículo 124 de la Ley de Servicio Civil, obliga al Tribunal a que de no
encontrar en el procedimiento los requerimientos, las multas u ninguna otra instancia, tienen que remitir al
Congreso del Estado para que inicie juicios de procedencia que llevan al
desafuero, la destitución y la consignación de los infractores al Ministerio
Público Federal y que los responsables son presidentes municipales y síndicos.
Sobre
los recursos humanos con los que trabaja dicha Secretaría, José de Jesús Pérez
informó que dentro de las unidades administrativas de la dependencia laboran
131 trabajadores, así como la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLyCA),
y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), las cuales funcionan
con 181 empleados y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Morelos (ICATMOR), que tiene a su cargo 85 personas laborando.
Dentro
de los cuestionamientos que realizaron legisladores al funcionario, estuvieron
el planteado por el diputado Alfonso Miranda Gallegos, quien lo interrogó sobre
cuál era la propuesta de dicha Secretaría para apoyar a los presidentes
municipales en sus laudos laborales, a lo que el funcionario refirió que ha dialogado con los presidentes electos al
respecto. El legislador pidió al funcionario no centrarse únicamente en el
personal sindicalizado, ya que dijo todos los trabajadores deben tener los mismos derechos.
Por su
parte, la legisladora Rosalina Mazari, cuestionó sobre los mecanismos que está
implementando la Secretaría para terminar con la corrupción, a lo que el
funcionario aclaró que no desconoce el problema, y comentó que recientemente en
áreas como en la JLyCA acaban de solicitar a 20 funcionarios su retiro, pero
respetarán los alcances legales de su liquidación.
El
secretario acudió acompañado por sus principales colaboradores, entre ellos Juan
Manuel Díaz Popoca, director General de Conciliación; Víctor Manuel González
Cianci, presidente de la JLyCA; Reyna Valencia Reyes, al frente del TECA y Luz
María Zagal Guzmán, encargada del ICATMOR.
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