- Será dictaminada por Puntos Constitucionales y
Legislación, Seguridad Pública y Protección Civil, así como Justicia y
Derechos Humanos.
El
presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Humberto
Segura Guerrero, determinó que serán las comisiones unidas de Puntos
Constitucionales y Legislación, Seguridad Pública y Protección Civil, y
Justicia y Derechos Humanos, las encargadas del análisis y dictamen de la
iniciativa remitida por el Ejecutivo estatal sobre la creación de Ley de Atención
y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para
el Estado de Morelos, que fue oficialmente recibida este día.
El documento enviado por el gobernador Graco
Ramírez Garrido Abreu, señala que de acuerdo con estadísticas del INEGI, el estado
de Morelos se encuentra en el quinto lugar con mayor índice de inseguridad y
violencia, por debajo de Chihuahua, Baja California, Durango y el Distrito
Federal, al mismo tiempo que forma parte de las cinco entidades del país con
mayor número de homicidios impunes, la tasa se sitúa en 85.8%, solamente
superado por Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Durango. También es una de las 10
entidades federativas con más denuncias de delitos graves por cada cien mil
habitantes.
Refiere que para 2010 se registraron 44 mil 235
delitos de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública. El robo acaparó casi la mitad de esos crímenes. Se
cometieron 559 homicidios dolosos, 612 extorsiones y 28 secuestros. De estos
tres últimos rubros, de acuerdo con el mismo registro, Morelos se ubicó a la
cabeza de las entidades con mayor proporción de extorsiones.
Mientras que en 2012 el registro de delitos,
de acuerdo con el mismo Secretariado, subió a 46 mil 198, de los cuales 21 mil 260
fueron robos; mil 420 homicidios; 61 secuestros y 414 delitos sexuales
(violaciones). El último rubro ubica a Morelos como la entidad con mayor
cantidad de feminicidios.
Estas estadísticas muestran claramente la
necesidad de tener políticas públicas encaminadas a proteger a las mujeres que
se encuentran insertas en la problemática de la violencia. Según el Informe
“Violencia Feminicida en Morelos”, de 2000 a 2005 se reportaron 122
feminicidios en el estado y la cifra casi se duplicó durante el siguiente
sexenio, al contabilizarse 235 feminicidios: 20 en 2006, 29 en 2007, 31 en 2008
y 36 en 2009. Hasta octubre del 2010 fueron 40; en el 2011, se mantuvo el mismo
número; en el 2012, se reportaron 39, y en lo que va del 2013 suman 15.
En este último período, el Reporte de
Incidencia Delictiva del Fuero Común elaborado por el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que en la entidad morelense
se han cometido un total de siete mil 769 delitos de los cuales tres mil 775
corresponden a robos, 215 homicidios, 11 secuestros y 54 delitos sexuales o
violaciones. De igual forma, la violencia familiar y los delitos sexuales
registran un aumento importante. Los municipios que concentran el mayor índice
de criminalidad son: Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Yautepec, Temixco, Jojutla
y Emiliano Zapata.
Debe también dársele especial atención a los
casos de niños, niñas y adolescentes, ya que en algunas zonas la falta de
oportunidad da paso a que el fenómeno del narcotráfico entre en la sociedad con
un alto impacto. Se utiliza a la juventud como instrumento para cometer delitos
por los grupos criminales, ante la escasez de sanciones y el déficit de
alternativas a las que acudir para evitar que aquellos desemboquen
irremediablemente en el crimen organizado.
La Ley General de Víctimas, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el día 9 de enero de 2013, y reformada el pasado 17 de abril de 2013,
aspira a garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación al
principio enunciado, de acuerdo con los principios que rigen la justicia
restaurativa para las víctimas de violaciones de los derechos humanos o
víctimas de delitos, en el marco de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y lo dispuesto en materia de derecho internacional humanitario
y de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna de México en 2011.
Sin embargo, a casi dos años de la entrada
en vigor de la Reforma Constitucional, solo cuatro estados de la República han
armonizado normativamente sus obligaciones en materia de derechos humanos. Por
ello, tales obligaciones se deben convertir en leyes aplicables a través de la
integración de normas sustanciales y directas, para lo cual se debe implementar
un proceso de armonización normativa que incluya las competencias legislativas
a través de la adopción de idénticos puntos de conexión jurídica.
Por cuanto al Marco Normativo que propone el ejecutivo,
señala que el contenido de la presente Ley de Víctimas de Morelos responde a
los principios contenidos en la Ley General de Víctimas, la Constitución y los
instrumentos internacionales vinculantes en las materias que regula: la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana y la
de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de
Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de
Beijing), la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención do Belém do Pará
y la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las
Víctimas de Delitos y Abusos de Poder.
La iniciativa enviada por el gobernador Graco
Ramírez es de una Ley integrada por 151 artículos divididos en 11 Títulos que
contemplan desde la aplicación, objetivo e interpretación, el concepto,
principios y definiciones, además del derecho de las
víctimas, la ayuda inmediata a
las víctimas, medidas en materia de salud, protección, de transporte, de
alojamiento y alimentación.
Asimismo contempla el Programa de protección a víctimas, testigos, defensores y defensoras de
derechos humanos, y servidores públicos, medidas de educación, garantía de acceso a
las políticas y acciones establecidas que tienen por objeto asegurar el acceso
de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema
educativo, si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos
se interrumpen los estudios.
También medidas económicas y de desarrollo,
Sistema Nacional de Atención a Víctimas; Creación de un Fondo
de Ayuda, Asistencia y Reparación del Estado de Morelos. Además de acceso a los
recursos por parte de la víctima, de la administración de los recursos del
Fondo serán administrados y operados por la Comisión Ejecutiva Estatal a través
de un fideicomiso público.
Detalla
igualmente la capacitación, formación, actualización y especialización de la Asesoría jurídica estatal de atención a víctimas
y apoyos a servidores públicos que atiendan víctimas.
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