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El
diputado Héctor Salazar Porcayo indicó que esta Ley de alguna forma tiene su
origen en la entidad, gracias a la participación del Movimiento Morelense
contra las Concesiones Mineras.
Se llevó a cabo el “Foro sobre la nueva ley minera
desde los pueblos en lucha”, bajo la organización del diputado Héctor Salazar
Porcayo en coordinación con el Movimiento Morelense contra las Concesiones
Mineras y de Metales Preciosos, quien destacó que en el proyecto de este
ordenamiento se establece todo un capítulo sobre derechos de poblaciones
indígenas al goce preferencial del territorio y recursos naturales frente de
actividades mineras, así como un procedimiento estrictamente regulado para el
cierre de minas con obligaciones y responsabilidad para el solicitante.
Salazar Porcayo destacó ante habitantes del poblado de
Tetlama que “esta ley de alguna forma tiene un origen en la entidad, gracias a
la participación del Movimiento Morelense contra las Concesiones Mineras”;
destacó que dicho proyecto de una nueva Ley Minera busca entre otras cosas “que
dicha actividad deje de ser preferente por encima de otras actividades” y establece
la participación vinculante de la población, sobre toda decisión que permita
realizar actividades mineras de acuerdo al Artículo 7, Capítulo IV.
Dijo que el proyecto en su párrafo a) indica que “para
pueblos originarios a través de un procedimiento de consulta para obtener el
consentimiento vinculante previo, libre e informado”; en su párrafo b) establece
que “para las comunidades que no son pueblos originarios a partir de un
procedimiento de participación ciudadana para obtener acuerdos vinculantes en
forma libre, previa e informada”.
En las instalaciones del Salón de Comisiones indicó
que también “se establece y se regula la licencia social a través de los
procedimientos y consulta o participación para los siguientes supuestos:
concesiones para la explotación minera, concesiones para explotación y
beneficio minero, las asignaciones para exploración minera que custodia el
Servicio Geológico Mexicano, las prórrogas a concesiones para explotación y
beneficio minero (y) los permisos de operación para actividades de beneficio
minero fuera de una concesión y la transmisión de concesiones, sin esta
licencia social la Secretaría de Economía no podrá entregar una concesión,
además se regula el transporte de insumos, producción y desechos mineros”.
Salazar Porcayo felicitó a los asistentes “por
defender sus tierras, ya que es una obligación de los morelenses y mexicanos,
hemos visto cómo en sexenios pasados más de 50 millones de hectáreas fueron
entregadas de nuestro territorio a lo largo y ancho del país y cómo en algunas
otras entidades se han venido defendiendo nuestras tierras”.
A nombre de la Red Mexicana de Afectados por la
Minería (REMA), Alejandro Villamar, expuso las “Razones de fondo para cambiar
la Ley Minera” e indicó que bajo la actual Ley minera, en tan sólo 20 años de
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se han extraído del
territorio 56 mil toneladas de metales preciosos (730 toneladas de oro y 56 mil
de plata) con un valor total estimado oficialmente de 65 mil millones de dólares.
Destacó que
para sacar a la piedra molida las pequeñísimas cantidades de oro y plata (la
mitad de un gramo de oro por cada tonelada) se usan miles de toneladas de
explosivos y después de moler se usan miles de toneladas de una venenosa mezcla
de cianuro, sodio, agua y otros químicos.
Agregó que bajo ese método cada año se remueven
millones de toneladas de tierra, se destruyen cerros enteros, y se usan
millones de metros cúbicos de agua que son contaminados con miles de toneladas
de cianuro de sodio previamente importadas. Y pese a que México no es el primer
productor mundial de oro, sí se ha convertido en el primer importador de
cianuro de sodio y el primer contaminador mundial de agua indispensable para
otros usos; tan sólo en el año 2012, el país importó 74 mil toneladas de
cianuro de sodio y contaminó cerca de 145 millones de metros cúbicos de agua.
Alejandro Villamar señaló también que bajo las reglas
del TLCAN, en los últimos 16 años la ley y la política dominante han permitido
el uso de 376 mil toneladas de cianuro, y la contaminación de cerca de mil 267
millones de metros cúbicos de agua; una cantidad equivalente al 42% de la
disponibilidad de agua del Valle de México, 28% de la Península de Baja
California, o el 15% de la disponibilidad del Noroeste del país.
Puntualizó que la actual ley está hecha con ese
propósito, de todos los derechos para las mineras, aunque sean contrarios a la
jerarquía mayor que tienen en la Constitución los derechos humanos, o los
derechos ambientales. No obstante, el discurso de las mineras y de muchos
funcionarios y jueces está lleno de falsos beneficios económicos y de progreso
para las comunidades y el país.
Al referirse a la creación de empleos, indicó que “se
oculta que el escasísimo empleo que llega a producir está condicionado a la
naturaleza de su modelo tecnológico, basado en el uso intensivo de capital, no
de trabajo; los altos costos de la maquinaria, insumo y técnicas importadas, es
lo que les permite explotar yacimientos con escasísima riqueza mineral y el
costo de la mano de obra en México es de hasta 5 ó 10 veces más barata que en
Canadá o en Estados Unidos.
Mediante un documento, subrayó que una reforma de
fondo a la Ley Minera pasa por recuperar la prioridad de los derechos
constitucionales y “derogar la actual aberración jurídica de darle carácter
preferente a la minería por encima de la vida”; pasa por “recuperar el control
y subordinación estatal de la administración a los principios constitucionales
y respeto real a las facultades del municipio, y a las leyes ambientales,
laborales, fiscales, judiciales”.
Al clausurar el evento, el diputado Héctor Salazar
Porcayo destacó “la importancia de llevar a cabo estos foros para tener una
versión y una explicación que nos ilustre sobre todo de lo que se trata este
saqueo que se está haciendo en este momento en nuestro territorio nacional”.
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