- El diputado Isaac Pimentel Rivas presentó una
iniciativa para modificar el artículo 69 de la Ley del Sistema de
Seguridad Pública del Estado de Morelos.
Para
procurar y proteger los derechos humanos de quienes integran las instituciones
policiales de la entidad, el diputado Isaac Pimentel Rivas presentó una
iniciativa de decreto que reforma el artículo 69 de la Ley del Sistema de
Seguridad Pública del Estado de Morelos.
El
documento fue dado a conocer al pleno parlamentario durante la pasada sesión
ordinaria, fue remitido a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil
para su análisis y dictamen y señala que pretende armonizar la Ley citada “con
lo previsto por el artículo 123 de la Constitución Política Federal, dando con
ello cumplimiento al respeto a los derechos humanos de los agentes del
Ministerio Público, los peritos y miembros de instituciones policiales del
estado y de los municipios”.
Por ello
plantea modificar el artículo en comento para quedar como sigue:
Artículo 69.- Los integrantes de las
Instituciones de Seguridad Pública y sus auxiliares, podrán ser separados de su
cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes, que en el momento
de la separación señalen para permanecer en las Instituciones, sin que proceda
su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa
para combatir la separación, y en su caso, sólo
procederá la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho.
En su
exposición de motivos, el diputado Pimentel Rivas indica que no han sido
idóneos los procedimientos de evaluación para el ingreso y permanencia de los
miembros de las instituciones policiales, tras la implementación de los
“Exámenes de control y confianza” que derivaron de reformas en materia de
seguridad pública efectuadas en junio de 2008.
“Existen
muchas voces de elementos de Seguridad Pública estatal y municipal, que indican
que las bajas son a todas luces arbitrarias, sin respetar el más mínimo de sus
derechos, y en la mayoría de los casos sin liquidación alguna a sus
prestaciones”, comenta el legislador.
Concluye
en que “no debemos pasar por alto que nos regimos por un Estado de Derecho en
donde la Ley y el respeto a los derechos humanos debe estar por encima de todo
acto de autoridades y de todos los niveles de gobierno, por ello el respeto a
los derechos humanos de los elementos de los cuerpos de Seguridad Pública, agentes
del Ministerio Público y peritos, deben estar preservados y garantizados por el
Estado, y este Poder Legislativo no puede hacer oídos sordos a los reclamos e
injusticias que se cometen día a día con los encargados de prevenir e
investigar los delitos en nuestra entidad”.
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