- En materia de
defensoría, los cambios legales hechos por el Congreso son letra muerta
debido a que el Ejecutivo es omiso en sus obligaciones, señala el diputado
Javier Bolaños Aguilar.
Los
diputados aprobaron formular un exhorto al titular del Poder Ejecutivo y al
secretario de Gobierno, para que emitan el Reglamento del Instituto de la
Defensoría Pública e incluyan en el presupuesto de egresos 2014, los recursos
públicos suficientes para que se cumpla con la norma constitucional de brindar
a la población patrocinio gratuito de calidad en juicios en materia familiar y
civil.
Ello
fue resultado de la propuesta hecha por el diputado Edmundo Javier Bolaños
Aguilar, quien destacó que por mandato constitucional la Federación y los
Estados deben brindar a quien así lo requiera, sin distinción de credos,
ideologías ni preferencias, el patrocinio jurídico en materia penal, de manera
que no exista nadie a quien le falte un abogado frente a las acusaciones que
formule el Ministerio Público.
En
ese contexto, la creación del Instituto de la Defensoría Pública, con el
carácter de organismo público descentralizado, fue un acto legislativo
“fundamental para fortalecer la administración de justicia en un Estado”, con
el fin de brindar dentro de la equidad y la legalidad, justicia pronta y
expedita a toda la población, señaló el legislador.
Empero
–denunció- “los ideales que motivaron a este Congreso para otorgar a la
población una nueva defensoría, que se transformó en el Instituto de la
Defensoría Pública y se le dotó del carácter de organismo público
descentralizado para beneficio de las mayorías, no se han cumplido y son letra muerta”.
Dijo
que el gobernador no ha dotado al Instituto del presupuesto necesario, por lo
que “si algún ciudadano requiere de los servicios de la defensoría pública en
materia familiar, simplemente no son atendidos, porque al decir de quienes ahí
laboran, apenas cuentan con el personal suficiente para tener un abogado
defensor en materia penal, por cada una de las agencias del ministerio
público”.
Además,
“existe una omisión que a mi juicio resulta grave de parte del gobernador.
Estos es la disposición transitoria sexta que emitió este Congreso, obligaba al
gobernador a emitir el nuevo Reglamento de la Defensoría Pública en un plazo no
mayor de 90 días, dicho plazo concluyó el pasado 2 de julio del año en curso,
sin que a la fecha esté publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad”.
Consideró
“incomprensible que sea el propio gobernador quien promueva una nueva
Defensoría Pública y sea él mismo omiso en dotarla de infraestructura material
y humana para cumplir con sus nuevos retos de patrocinio en materia civil y
familiar”.
También,
“de persistir el gobernador en la omisión de emitir el reglamento de la
defensoría pública, en términos de los artículos 70 y 134 de la Constitución,
se le podrá configurar la hipótesis de fincamiento de responsabilidades en la
vía política, por el reiterado incumplimiento y violación a la misma carta
magna, que claramente establece como una obligación del Ejecutivo, promulgar
las leyes y emitir los reglamentos correspondientes”.
El
punto de acuerdo aprobado, establece:
PRIMERO.- Se exhorta al Gobernador
del Estado de Morelos, así como al Secretario de Gobierno, en su carácter de
cabeza de sector, para que sin dilación emitan el Reglamento del Instituto de
la Defensoría Pública, al que quedaron obligados por virtud de la disposición
transitoria sexta de la Ley de la Defensoría Pública, promulgada en el
Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5081 del día 3 de abril del año en
curso.
SEGUNDO.- Se exhorta al Gobernador
del Estado de Morelos, así como al Secretario de Gobierno, para proponer a este
Congreso la partida presupuestal necesaria para dotar al Instituto de la
Defensoría Pública de Morelos, de los recursos materiales y humanos necesarios,
para que dicha institución cumpla cabalmente con la población de menos
recursos, en el otorgamiento del patrocinio en los juicios de materia civil y
familiar en toda la Entidad.
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