- Acuerdan legisladores emitir un exhorto para que
autoridades municipales entreguen un informe del caso y eviten
criminalizar protesta pacífica de quienes se han manifestado por el mismo.
El
Congreso aprobó un punto de acuerdo para auditar el contrato suscrito por el
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) y la empresa Proactiva
Medio Ambiente Sapsa S.A de C. V. (Proactiva); llamar a las autoridades del
organismo y del ayuntamiento a que entreguen un informe y exhortar a que no se
criminalice la protesta pacífica de quienes se han manifestado por este caso.
Durante
la sesión ordinaria de este miércoles, los diputados Héctor Salazar Porcayo,
Edmundo Javier Bolaños Aguilar y Matías Nazario Morales recibieron a habitantes
de Cuernavaca identificados como “Grupo Plan de Ayala”, quienes rechazan la
privatización del SAPAC y piden cancelar el contrato con la empresa española
Proactiva.
Más
tarde, el diputado Héctor Salazar Porcayo presentó en tribuna una proposición
con punto de acuerdo en cuyas consideraciones expuso que a raíz de la firma de
este contrato, el 16 de julio pasado, “distintos grupos ciudadanos se han
movilizado en contra de que el servicio del Agua Potable sea subrogado a dicha
empresa, por considerar que el contrato es ventajoso para Proactiva en
detrimento del SAPAC, de sus trabajadores y de la ciudadanía para quienes el
servicio que brinda el Organismo Paraestatal pasará de ser un servicio público
prioritario a una transacción meramente mercantil”.
Expuso
que “dada la trascendencia y alcance del presente contrato de prestación de
servicios, por la cuantía que ello implica y los efectos que de él derivan,
específicamente en materia laboral, ya
que uno de ellos es la liquidación de los trabajadores del SAPAC, y por así
disponerlo la Ley, en todo este proceso de adjudicación debió haber tenido
intervención directa el Contralor o Comisario del Organismo del SAPAC”,
circunstancia que no aconteció.
Además, del contrato “se deduce que el SAPAC,
delega a un particular facultades o atribuciones propias que la Autoridad
Municipal le confirió al Organismo Operador del Agua que es el SAPAC, las
cuales no pueden, ni están sujetas a negociación o delegación alguna; menos a
un particular, por lo que se corre el grave riesgo de que todas esas
actuaciones que llevare a cabo Proactiva con base en dicho contrato, en los
términos estipulados, adolecerían de una legalidad total y que si se
controvirtieran en Tribunales serían declaradas nulas de pleno derecho, en
perjuicio o menoscabo grave de las finanzas del SAPAC”.
Por ello
propuso un punto de acuerdo por el cual: “Se exhorta respetuosamente al
Presidente de la Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
de Cuernavaca (SAPAC); a la Junta de Gobierno del mencionado Organismo
Paramunicipal y al Cabildo del H. Ayuntamiento de Cuernavaca para que a través
de los órganos fiscalizadores se revise exhaustivamente el procedimiento
llevado a cabo para la asignación del contrato celebrado con la empresa
Proactiva Medio Ambiente Sapsa, S.A de C. V. (Proactiva), con el objeto de
verificar que se haya cumplido con todas las normas legales establecidas en la
ley para este tipo de Contrato de Servicios, a fin de anteponer los intereses
de los habitantes de Cuernavaca en el uso del vital líquido, modificando
aquellas cláusulas que atenten en contra del patrimonio del Organismo
Paramunicipal y en detrimento de los usuarios”.
En la
discusión de la propuesta, el diputado Javier Bolaños Aguilar hizo uso de la
tribuna para hablar a favor y proponer que se anexaran dos puntos al exhorto,
el primero para no criminalizar las manifestaciones ciudadanas que están en
desacuerdo con la contratación de la empresa Proactiva, y el segundo para la
realización de una auditoría especial a cargo de la Auditoría Superior de
Fiscalización del estado, para revisar este contrato y sus efectos legales.
El legislador comentó además la posibilidad de
que exista un conflicto de interés en este asunto, toda vez que ha trascendido
que el titular del SAPAC, Remigio Álvarez Andrés, se desempeñó el año pasado
como asesor de la empresa Proactiva.
El
acuerdo fue aprobado con la propuesta original de Salazar Porcayo, más las
adiciones aportadas por Bolaños Aguilar.
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