- La diputada Amelia Marín Méndez planteó
iniciativas para reformar el Reglamento del Congreso y la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
La
diputada Amelia Marín Méndez presentó, por separado, iniciativas de decreto que
reforman el Reglamento del Congreso y la Ley de Responsabilidades de los
Servicios Públicos del Estado, por un lado en busca de abatir el rezago
legislativo y por otro para facilitar el ejercicio del derecho ciudadano a
presentar denuncia para proceder contra funcionarios.
Durante
la pasada sesión ordinaria, la legisladora hizo uso de la tribuna para señalar
la necesidad de que en el artículo 102 del Reglamento se establezca la
obligación de la mesa directiva de informar a la Asamblea, al inicio de cada
año de ejercicio legislativo, mediante un informe por escrito, respecto de las
iniciativas o proyectos pendientes de dictamen, señalando los acuerdos recaídos
en cada una de ellas.
Ello a pesar de que por mandato legal, los
Secretarios de la mesa directiva tienen el deber de presentar al pleno, en la
primera sesión de cada mes, un informe respecto de las iniciativas que se hayan
presentado y el estado que guarden, es decir, cuántas han sido desahogadas, cuántas
están pendientes de dictamen y cuántas fueron dictaminadas en sentido negativo.
“El
rezago legislativo es un tema que preocupa a los Congresos, tanto al Federal
como a los Locales, ya que en muchos casos, un buen número de las iniciativas
que se presentan no son dictaminadas y los interesados no manifiestan su
interés para que sean desahogadas”, apuntó la diputada al destacar que “una de
las críticas más constantes que recibimos es la relativa al rezago legislativo,
que se acumula y crece en cada nueva legislatura”.
Por ello
presentó la iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Investigación y
Prácticas Interparlamentarias para su análisis y dictamen, en los siguientes
términos:
ARTICULO UNICO.-Se adicionan dos párrafos al
artículo 102, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, que serían
cuarto y quinto, para quedar de la siguiente manera:
Articulo 102.-……………
………………………………..
………………………………..
Al inicio
de cada año de ejercicio legislativo, la mesa directiva deberá presentar a la
Asamblea, dentro de las primeras cuatro sesiones ordinarias, un informe por
escrito, relacionado con las iniciativas pendientes de dictamen, señalando los
diferentes acuerdos recaídos en cada una de ellas. El informe se publicará en
el Semanario de los Debates.
Dentro de
los sesenta días naturales siguientes, al inicio de cada uno de los años de
ejercicio legislativo, la mesa directiva, por conducto de la Secretaria de
Servicios Legislativos y Parlamentarios, remitirá a los Grupos y Fracciones
Parlamentarias, y en su caso, a los Diputados independientes, el listado de las
iniciativas que hayan presentado sus integrantes, con la finalidad de que, en
un plazo máximo de diez días hábiles, se pronuncien de manera escrita,
manifestando su voluntad de mantener vigentes aquellas que sean de su interés.
Las iniciativas no seleccionadas para que continúen su trámite legislativo,
serán enviadas al archivo general del Congreso.
Por
separado, la misma legisladora presentó otra iniciativa de reforma, ésta vez a
la fracción I del artículo 16 y a la fracción I del artículo 25, ambos de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado, que fue turnada
a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado para su análisis y dictamen.
Esta
iniciativa busca precisar en los artículos citados, que es la Secretaría de
Servicios Legislativos y Parlamentarios la dependencia encargada de recibir las
solicitudes de Juicio Político, y las que pretendan que el Congreso declare que
ha lugar a proceder penalmente en contra de servidores públicos por la comisión
de delitos durante el tiempo de su encargo.
La
diputada Amelia Marín Méndez explicó que prevalece en la Ley la “Secretaría del
Congreso del Estado” como la dependencia encargada, la cual no existe y en la
práctica, por este aparente error mínimo, quienes pretendan presentar una
denuncia para imputar responsabilidad política, o penal, a determinados servidores
públicos, estarían ante la incertidumbre de no saber con precisión ante quién
presentarán sus denuncias y ante cuál dependencia ratificarlas dentro del
término legal.
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