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Propone
el diputado Javier Bolaños Aguilar, cambios en la Ley
de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares.
Con el propósito de garantizar
los derechos humanos de los reclusos en los centros penitenciarios estatales,
así como de procurar las condiciones de salud y educación de manera digna y
trasparente, proponen reformas a diversos artículos de la Ley de Reinserción
Social y Seguimiento de Medidas Cautelares para el Estado, así como su
armonización con la legislación vigente.
La iniciativa de reforma presentada
por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, pretende incorporar dentro de
la Ley citada la reforma actual en materia de Derechos Humanos que se establece
dentro de la Constitución Federal, y procura que las condiciones de salud y
educación dentro de los reclusorios sean dignas y trasparentes para su buen funcionamiento.
Esto debido a que el nuevo eje
del Sistema Penitenciario se trata de un régimen de derechos y de obligaciones
durante el cumplimiento de la pena, que concilia la seguridad con la exigencia
del respeto a los derechos humanos mediante órganos y procedimientos idóneos.
Sólo así se puede garantizar que
el estado de derecho impere en estos espacios bajo el control de la autoridad,
en los que es inadmisible la existencia de formas de autogobierno donde impera
la ley del más fuerte o de esquemas autoritarios en los que se rebasa la pena
legalmente impuesta, señala el diputado en su iniciativa.
El documento cita como
violaciones de los derechos humanos de los internos más recurrentes, el
hacinamiento, suministro insuficiente de agua, negligencia médica, problemas de
salud pública, desabasto de alimentos, tortura, corrupción por parte del
personal penitenciario, negativa y suspensiones de visita familiar e íntima,
discrecionalidad en los beneficios de libertad anticipada, y problemas en las
zonas de aislamiento.
De acuerdo con la normatividad
nacional e internacional, a los internos se les deben garantizar sus derechos
humanos y libertades fundamentales, que no contravengan el motivo de su
encarcelamiento.
A través de los tratados
internacionales, aprobados por México, la comunidad internacional entiende y
acepta que el trato a los internos debe reflejar no sólo las aspiraciones
propias de un Estado de Derecho, sino la actitud humanitaria, igualitaria y
democrática que en tal Estado debe prevalecer, apunta.
Por ello, tanto el sistema de protección
de derechos humanos de las Naciones Unidas como el de la Organización de
Estados Americanos (OEA) han establecido estándares e instrumentos que deben
ser observados y garantizados por los Estados en materia de derechos humanos
para la población penitenciaria, indica el legislador.
La propuesta considera la reforma
a diversos artículos a la citada ley, busca que se prohíba toda discriminación
motivada por el origen étnico o nacional, edad, discapacidad, condición social,
condiciones de salud, situación jurídica, religión, opiniones o cualquier otro
tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana.
Además pretende establecer que el
Gobierno del Estado implemente un programa de incentivos fiscales para las
personas físicas y morales, con las que se celebren convenios para la
realización de actividades laborales por los internos.
La iniciativa, que fue turnada
para su análisis y dictamen a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos,
también contempla la armonización de la presente ley con los cambios que sufrió
la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado, considerando así a las
Secretarias de Hacienda, Desarrollo Social y del Trabajo en los respectivos
artículos.
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