APRUEBAN LEY DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

·         Diputados de todas las fuerzas políticas votan a favor el documento, por el que además se crea la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos.

El Congreso del estado aprobó por unanimidad la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos, con lo que en un hecho histórico para Morelos, los diputados ratificaron su compromiso con el respeto a la dignidad humana, a la que todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a respetar, a considerarla y tratarla como fin de su actuación.

En el dictamen aprobado, los legisladores estiman que esta nueva legislación no es meramente una armonización normativa, no sólo es un paso o un requisito adicional al proceso de creación de un ordenamiento, sino que se convierte en una garantía fundamental para las víctimas, estableciendo un sistema de sanciones que evidencien la voluntad férrea del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos de sus ciudadanos que han sido víctimas de algún delito  o violación a los derechos humanos.

Cabe recordar que el 9 de enero del año en curso, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la Ley General de Víctimas, por lo que ante el pleno del Congreso de Morelos fueron presentadas tres propuestas con el mismo objetivo: La Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos, presentada por el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu; Iniciativa de la Ley de Protección y Atención  a Victimas presentada por el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar; y la Iniciativa de Ley de Victimas del diputado Matías Nazario Morales.

Del estudio de estas tres iniciativas, la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, en unión con la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, emitió el dictamen que integra los conceptos más importantes y de trascendencia en el cumplimiento del objetivo primordial, que es resarcir los daños que hayan sufrido aquellos ciudadanos víctimas de algún delito o de la violación de sus derechos.

Se reconocen como  víctimas aquellas personas físicas que individual o colectivamente sufran directamente algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o, en general, cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

La calidad de víctima se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, independientemente de que se identifique, aprehenda o condene al responsable del daño, o de su participación en algún procedimiento judicial o administrativo. Dicha calidad tampoco se pierde al existir algún nexo entre la víctima y una persona condenada o vinculada a una investigación por comisión de un delito.

Cuando se trate de resoluciones judiciales que determinen la compensación a la víctima a cargo del sentenciado, la autoridad judicial ordenará la reparación con cargo al patrimonio de éste o en su defecto con cargo a los recursos que en su caso se obtengan de la liquidación de los bienes decomisados al sentenciado si hubiera fallecido o quedado física o mentalmente incapacitado como consecuencia del delito.

El Estado indemnizará o compensará de forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos considerados como graves en el ámbito de su competencia, en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo en su libertad, integridad física o mental. La Comisión Ejecutiva estatal de atención y reparación será quien determine el monto del pago de una indemnización o compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo.

La Ley señala también que el Estado tendrá derecho a exigir que el sentenciado restituya al fondo los recursos erogados por concepto de la compensación subsidiaria.

Con esta legislación se crea la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, como órgano administrativo desconcentrado en términos del Acuerdo que emita el Gobernador, con funciones y objeto de coordinar los instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar los derechos en materia de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos.

 Este órgano contará con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a su normatividad correspondan. El Titular del Ejecutivo Estatal expedirá el Reglamento de esta Ley, el cual establecerá las atribuciones y funciones de la Comisión Ejecutiva.

La Comisión Ejecutiva Estatal estará integrada por cinco comisionados. El Ejecutivo Estatal enviará al Congreso del Estado, previa convocatoria pública, una terna por cada comisionado a elegir. El Congreso elegirá por el voto de las dos terceras partes de los integrantes.

Es de tomarse en consideración la relevancia del acceso de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, al Fondo de ayuda, asistencia y reparación para el Estado de Morelos, que tiene como objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral, pues de manera clara exponen el alto sentido de responsabilidad ante la parte de la sociedad que se convierte en víctimas.

 De ahí que los diputados aprobaron incrementar el porcentaje de recursos financieros destinados para la integración de dicho fondo, por lo que establece una partida presupuestal del 0.14 % del gasto programable del presupuesto estatal asignado, mismo que acorde a lo expuesto por el titular del Ejecutivo será administrado y operado por la Comisión Ejecutiva Estatal a través de un fideicomiso público, de acuerdo a la reglamentación que para el efecto establecerá el Gobierno del Estado de Morelos.

Con esta legislación que consta de 151 artículos contenidos en 10 Títulos, se garantizan mejores condiciones a las víctimas para la presentación de denuncias de los delitos, en el entendido de que es una obligación del Estado protegerlas y desde luego garantizar las mejores condiciones para los ciudadanos, garantizando en todo momento la protección a su integridad, dignidad e identidad.

En las consideraciones para la integración de la nueva ley, las Comisiones dictaminadoras señalan que existen millones de acciones criminales que quedan sin respuesta; lo cierto es que, a pesar de los mejores esfuerzos, la pretensión agotadora del Estado en este combate no llega a ofrecer soluciones satisfactorias, y las que se producen son meramente paliativas de la incidencia del fenómeno criminal aislado y organizado.

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, en el estado de Morelos, en los últimos cinco años, el delito con mayor incidencia ha sido el robo genérico, con un 12.4% sobre el total de los delitos denunciados, seguido de lesiones dolosas con el 8.7%, amenazas con el 7.9%. 

Legisladores de diversas fuerzas políticas al hacer uso de la tribuna para manifestar su voto a favor de la Ley, enumeraron uno a uno las cualidades y en algunos casos las que pudieran ser consideradas desventajas del nuevo ordenamiento.

El diputado Matías Nazario Morales, que fue uno de los iniciadores, pidió a sus homólogos apoyo a la iniciativa como un reconocimiento al trabajo conjunto entre diputados y Ejecutivo estatal motivados por el bienestar de la sociedad y el respeto total a la dignidad de los ciudadanos.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Javier Bolaños Aguilar, subió a tribuna a expresar su voto a favor de las víctimas, a favor de la gente que ha padecido la violencia irracional que se vive en nuestra entidad, “AN votará a favor del dictamen porque lo que necesitan las víctimas es la protección de sus derechos humanos a través de una legislación que responda a la realidad que vive el país”. Es una ley que aún puede mejorar en mucho para entregar a los morelenses una legislación adecuada, dijo, y adelantó que de manera particular su grupo parlamentario se reservaría algunos artículos que más adelante derivaron en propuestas que no prosperaron.

Jordi Messeguer Gally, legislador integrante de la bancada del PRD expuso que  lo ideal sería que no existieran víctimas y no tuviera que haber una ley de protección para ellas, lamentablemente la realidad es otra y las estadísticas arrojan cifras alarmantes de aquellos que han sido víctimas de delitos y de daños colaterales. “Estamos haciendo historia” dijo a sus compañeros.

La diputada Rosalina Mazari Espín, del GPPRI, dijo que lo invaluable de este ordenamiento es que sea un instrumento que repare el daño causado a todas las víctimas del delito en nuestro estado. Su compañero de bancada, José Manuel Agüero Tovar manifestó en tribuna las desventajas de que la Comisión Ejecutiva sea presidida por el gobernador del estado, así como de las facultades de “intervención” que con esto se le dan al Ejecutivo estatal, cuando debería ser un órgano totalmente ciudadano; a la par manifestó su voto a favor en lo general por la trascendencia y urgencia de atender a las víctimas de la inseguridad que aqueja a Morelos y al país. 

El coordinador del grupo Parlamentario del PRD; Juan Ángel Flores Bustamante, subrayó que el objetivo debe ser a la larga que ésta sea una ley en desuso, no porque sea una ley “mal hecha” sino porque ya no haya víctimas, “es un ordenamiento que debemos sacar adelante, se requieren estrategias de seguridad y políticas para aspirar a una sociedad respetada y donde los valores estén por encima de cualquier acción violenta”.

Por su parte, Alfonso Miranda Gallegos, coordinador de los diputados del Partido del Trabajo, señaló que fue un largo consenso, trabajo importante del Congreso del estado, y lo que debe rescatarse es que se ha avanzado en un ordenamiento capaz de respaldar a las víctimas de delitos. Finalmente, la diputada Amelia Marín Méndez del GPPAN manifestó su voto a favor de la Ley, y recalcó que los diputados todavía deberán mejorarla para dar certeza de protección a todos aquellos que sufran de manera violenta daño a su persona o sus bienes.

Luego de ser aprobada por unanimidad en lo general, en lo particular los diputados aprobaron adicionar al Artículo 9 una fracción XXXIV que dice: “Recibir la protección de datos personales y confidencialidad de las víctimas”. Con ella la anterior fracción XXXIV se recorre para ser la 35; todo a propuesta de la diputada Érika Cortés Martínez.