lunes, 24 de febrero de 2014

LLAMA CONGRESO A RESPETAR LA LEY Y DEBIDO PROCESO

  • Aprueba el Congreso un exhorto a los titulares de SSPE, PGJE y del Poder Judicial por la aprehensión de cañeros señalados de trata laboral.

El Congreso del Estado aprobó emitir un exhorto a los poderes Ejecutivo y Judicial para “apegarse a los principios de legalidad y debido proceso, en la investigación y persecución del delito, respetando en todo tiempo la presunción de inocencia y derechos humanos de los imputados”, a propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI), que acusó anomalías en la detención de dos involucrados en un caso de presunta trata laboral.

Durante la sesión ordinaria de este día, el diputado Isaac Pimentel Rivas hizo uso de la tribuna para denunciar que el ejidatario Clemente Zenón García y el chofer Pablo Ambrosio López, presentados la semana pasada por las autoridades como presuntos responsables de trata de personas, están siendo acusados indebidamente.

Ante la presencia de productores de caña de la zona de influencia del Ingenio La Abeja de Casasano, que acudieron para pedir la intercesión de los legisladores a favor de los detenidos, Pimentel Rivas aseguró que se trata del dueño del terreno donde se encuentra ubicado un albergue de trabajadores del campo y del chofer de la camioneta que se ocupaba de trasladarlos a los campos de cultivo.

“En dias pasados pudimos leer que los diarios principales del estado anunciaban que se había detenido a un tratante de personas y se rescataba a 11 menores en Yautepec, pero “no señores, existe una gran diferencia entre el encargado de un grupo de peones para la época de la zafra o cosecha de la caña y un delincuente ‘tratante de personas’. Se tiene que ser muy ignorante  de las costumbres de nuestro estado y del desarrollo de sus actividades económicas, para no distinguir la diferencia”.

Dijo que como los morelenses sabemos, cada zafra llegan muchas familias, mujeres y hombres de trabajo procedentes de los estados vecinos se albergan en los campamentos preparados para recibirles para desarrollar el trabajo de corte de caña y a cambio recibir lo necesario para su sostenimiento durante los meses que dura la zafra.

“Ese es uno de los hombres detenidos como tratante de personas, compañeros diputados, un hombre de trabajo, cuyo grupo de personas entre los cuales hay desde luego menores que son hijos de los propios trabajadores y que de ninguna manera se encuentran sometidos a trabajos forzados ni mucho menos a una explotación, sino que acuden incluso a las escuelas de las comunidades donde se asientan”, apuntó.

Exigió que se esclarezcan los hechos en incluso de otorgue una disculpa pública a los inculpados, procediendo inicialmente a emitir un exhorto al secretario de Seguridad en el Estado, Jesús Alberto Capella Ibarra, y al procurador General de Justicia, Rodrigo Dorantes Salgado, para que se apeguen a los principios de legalidad y debido proceso en la investigación y persecución del delito, respetando en todo tiempo la presunción de inocencia y derechos humanos de los imputados. 

Al punto de acuerdo se sumaron desde la tribuna legislativa los diputados Fernando Guadarrama Figueroa, Javier Bolaños Aguilar y Erika Cortés Martínez. El primero propuso dirigir el exhorto también a la titular del Poder Judicial, Nadia Luz María Lara Chávez, debido a que los detenidos ya fueron vinculados a proceso.

El diputado Bolaños Aguilar destacó que las autoridades encargadas de la prevención y persecución del delito presentan deficiencias que se traducen en un aumento de los delitos de alto impacto como el secuestro y la extorsión, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y las llamó que si buscan combatir el delito de trata comiencen por el corredor Jiutepec-Yautepec.

En tanto, al sumarse al instrumento parlamentario, la diputada Cortés Martínez pidió a sus homólogos hacer un ejercicio de autocrítica recordando que en septiembre pasado presentó una iniciativa para dotar a Morelos de una Ley para prevenir y combatir la trata de personas, que ya debería haber aprobada para encontrarse en vigor.

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