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Buscan
reducir a 25 el número de alumnos por grupo en educación básica, hacer
obligaría la Escuela para Padres, fomentar la cultura vial y tipificar el abuso
de autoridad escolar.
Para
mejorar las condiciones de los estudiantes en el estado de Morelos,
legisladores del Congreso local propusieron diversas modificaciones a la Ley de
Educación del Estado así como del Código Penal, donde establecen fomentar la
cultura vial dentro de las instituciones educativas; crear conciencia sobre los
embarazos a temprana edad; instaurar la obligatoriedad del programa de escuela
de padres y tutores; así como que los grupos tengan como máximo 25 alumnos y
tipificar como delito el abuso de autoridad escolar.
La
diputada Rosalina Mazari Espín presentó la iniciativa que adiciona la fracción
XVI al artículo 12 de la Ley de Educación del Estado de Morelos en la que
propone fomentar la cultura vial dentro de las instituciones educativas,
públicas y privadas, con la finalidad de inculcar entre los estudiantes hábitos
y medidas preventivas tendientes a evitar accidentes en la vía pública, para lo
cual se recorrerían en su orden las actuales XVI y XVII, para ser XVII y XVIII.
Expuso
ante el Pleno que en Morelos los accidentes de tránsito son un grave problema
de salud pública, ya que en 2008 se registraron 220 defunciones y mil 778
lesionados, y de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática, en 2010 los accidentes de vehículo de motor representaron una de
las principales causas de muerte, ubicando a la entidad en el lugar número 18 a
nivel nacional en la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito.
Asimismo,
Mazari Espín dio a conocer una iniciativa que reforma la fracción XIV del artículo
12 de la mencionada ley, que establece desarrollar actitudes solidarias en los
individuos para crear conciencia sobre la preservación de la salud, el fomento
de los valores, la prevención de las adicciones, la institución y planeación
familiar y la paternidad responsable, así como los riesgos y consecuencias que
conlleva el ejercicio de la sexualidad a temprana edad y los embarazos no
planeados, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad y
los derechos humanos.
Argumentó
que Morelos se ubica en el cuarto lugar en embarazos de adolescentes, con un
16.9 por ciento, según datos del Consejo Estatal de Población, registrándose
casos de gestación en menores desde los 10 años de edad; dijo que la titular de
los Servicios de Salud de Morelos, Ángela Mora González informó que alrededor
de 33 mil nacimientos que se registran al año en Morelos, cerca de ocho mil, es
decir el 22 por ciento, corresponde a embarazos de adolescentes menores de 20
años de edad.
En su
oportunidad, la legisladora Érika Cortés Martínez dijo que es necesario
establecer la obligatoriedad para que las instituciones educativas cuenten con
un programa de escuela de padres y tutores, para hacer efectivo que el sistema
educativo morelense los involucre y atiendan el proceso educativo de las y los
menores bajo su responsabilidad.
En su
iniciativa que adiciona texto al primer párrafo del artículo 89 bis y se
modifica el párrafo segundo de la fracción IV de la Ley de Educación en la
entidad, indica que las instituciones educativas públicas y privadas y las que
cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios que
impartan los tipos de educación básica, media y media superior, deberán contar
de manera obligatoria con un programa de escuela de padres y tutores.
En la
modificación a la fracción IV establece que en sus contenidos se deberán
respetar los derechos humanos, la dignidad de la persona, origen étnico, condición
social, condiciones de salud, preferencias sexuales, estado civil, ideologías,
creencias religiosas, costumbres, así como fomentar la equidad de género,
respeto por las personas con discapacidad, la tolerancia y demás valores del
ser humano. Además, abordar temas complementarios como la violencia y el bullying,
que contribuyan a fortalecer los conocimientos de los padres o tutores.
Por otra
parte, el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar presentó iniciativa de
reforma al artículo 23 del mismo ordenamiento legal, con el fin de que los
salones de clases de las escuelas públicas de educación básica del estado
tengan como cupo máximo 25 alumnos por grupo, lo que contribuirá a mejorar el
proceso enseñanza-aprendizaje.
Indicó
que elevar la calidad en la educación pública es una premisa que “nos debe unir
a todos en Morelos, porque es condición básica para el desarrollo y progreso de
las personas, de las familias y de la sociedad en su conjunto”; indicó que
mientras en las escuelas públicas “tenemos grupos hasta de 45 alumnos, en las
escuelas particulares se privilegia que los salones no cuenten con más de 25
estudiantes”.
Bajo el
mismo tenor, Bolaños Aguilar propuso una iniciativa que adiciona un artículo
272 Bis al Código Penal del Estado para implementar como delito el “abuso de
autoridad escolar”, que sanciona a quienes solicitan contraprestaciones económicas
en dinero o en especie por prestar este servicio, ya que –aseguró- resulta
importante regular este tipo de conductas y castigarlas de una manera enérgica,
para acabar con estos vicios que truncan los estudios de los niños y jóvenes,
El artículo
272 Bis puntualiza que comete el delito de abuso de autoridad escolar quien en
el ejercicio de funciones de autoridad en los planteles impida el ingreso, o
retenga documentación, o condicione la permanencia de cualquier alumno en los
centros de educación del estado, en los que se imparta la enseñanza en los
niveles básico o medio superior, a cambio de la entrega de contraprestaciones
económicas en dinero o en especie. Al que cometa este delito se le impondrán de 3 a 6 meses de
prisión y multa hasta de 500 días de salario mínimo vigente en el Estado de
Morelos.
Dichas
iniciativas presentadas por los legisladores durante la sesión ordinaria del
día de hoy, fueron turnadas a las comisiones de Educación y Cultura, así como a
la de Puntos Constitucionales y Legislación para su análisis y dictamen, con la
finalidad de que los estudiantes del estado tengan escuelas y un servicio
educativo digno.
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