- Exhortan diputados al funcionario a conducirse
estrictamente en el marco de la ley en la integración y seguimiento de
carpetas de investigación en contra de ex servidores públicos.
El
Congreso emitió un llamado al titular de la Procuraduría General del Justicia
del Estado, para que ignore las presiones de actores políticos, las denuncie y
que actúe con estricto apego a la ley particularmente en la persecución de
ilícitos cometidos por servidores públicos.
A
propuesta del diputado Javier Bolaños Aguilar, el Pleno aprobó un punto de
acuerdo por el cual: “Se exhorta al Procurador General de Justicia del Estado,
para que en la integración de las averiguaciones previas y carpetas de
investigación que estén presentes en el momento de su determinación, se
conduzca con estricto apego a derecho y a su vez denuncie públicamente, sin
importar rango ni condición, a quien pretenda desviar la acción de la justicia,
por medio de presiones políticas,
sociales o de cualquier otro tipo”.
Al
presentar el instrumento parlamentario, el legislador recordó que la Auditoria
Superior de Fiscalización, en diferentes momentos ha presentado ante la
Procuraduría General de Justicia, sendas denuncias por la comisión de diversos
delitos, en los que sobresale el de peculado, por el ilegal manejo de los
recursos públicos, presumiblemente atribuibles a servidores públicos que han
ocupado cargos relevantes en la administración pública municipal y estatal.
Dijo que
“la Comisión de Hacienda de este Congreso junto con otras compañeras y
compañeros Diputados, nos hemos propuesto acabar con la impunidad” y entre
otras cosas para ello se han reunido con el procurador de Justicia en diversas
ocasiones, lo que derivó en acciones concretas de la dependencia, como el
nombramiento de “un equipo integrado por más de cinco profesionales de la
procuración de justicia” y “las seguridades de que se haría justicia, sin
distingo de credo político ni tolerando más dilación en estos casos”, con lo
que “se ha logrado detener y poner a disposición de un juez, al menos a un ex
servidor público que enfrenta en la cárcel los cargos que se le imputan y sobre
quien pesan otras averiguaciones más”.
Refirió
que “esta Soberanía en cumplimiento de su deber, durante las últimas sesiones
del pasado y las primeras del actual periodo, ha emitido y aprobado las
declaratorias que ponen fin al proceso de revisión de las cuentas públicas de
más de 100 entes públicos revisados, entre los cuales el más del 95% han
resultado desfavorables para los ex servidores públicos, lo que pone a la
Auditoria Superior de Fiscalización, en la condición inequívoca e ineludible de
acudir nuevamente a la Procuraduría de Justicia del Estado, a presentar las
denuncias penales que corresponde en cada caso conforme a derecho”.
Y apuntó:
“La posible consignación de otros siete presuntos responsables, vinculados a
las denuncias que tienen una antigüedad considerable, más la presentación de
las nuevas denuncias que llegarán en cascada a la Procuraduría, va a dar lugar a que muchos de los afectados pretendan
escudarse en sus actuales cargos, en el tráfico de influencias y en las
expresiones de apoyo político de quienes durante mucho tiempo han sido
correligionarios en los partidos políticos que representaron”.
Al final
de sus consideraciones indicó que “es presumible que no falten personas que a
manera de “lobby”, pretendan presionar para cambiar el sentido de las carpetas
de investigación y evitar el ejercicio de la acción penal, razón por la que no
es ocioso que esta Soberanía por unanimidad formule un claro y enérgico llamado
al procurador, para que evite cualquier clase de presión o negociación política
en la integración y consignación de las carpetas de investigación, que denuncie
públicamente a quien pretenda insinuar o ejercer dicha presión, y por ende, se
conduzca con estricto apego a derecho”.
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