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El
Congreso exhorta a las autoridades educativas a dar a conocer la lista de las
instituciones que cuentan con Incorporación y REVOE.
La LII
Legislatura del Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para exhortar al
Ejecutivo estatal para que difunda en todos los medios posibles la relación de
instituciones educativas particulares de todos los tipos y modalidades, que
tengan reconocimiento de validez oficial e incorporación, a fin de que todos
aquellos que buscan otra opción educativa tengan la certeza y seguridad de
ingresar a una institución confiable.
Por medio
del mismo instrumento parlamentario, los legisladores solicitan a la Secretaría
de Educación, una revisión e inspección minuciosa de escuelas particulares y
revocar o retirar el reconocimiento de validez oficial a planteles que no
cumplen con los estándares de calidad.
El
aprobado durante la sesión ordinaria de este día fue presentado por el diputado
presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Alfonso Miranda Gallegos,
quien destacó la necesidad de supervisar el funcionamiento de las escuelas
particulares, cuyo número ha ido en aumento por diversas razones,
principalmente por la falta de espacios, la falta de atención personalizada, la
intención de elevar el nivel educativo e incluso mejorar el estatus social.
En la
tribuna legislativa, señaló que el crecimiento caótico de escuelas privadas de
educación superior de baja calidad, ha provocado que cerca del 40 por ciento de
la matrícula estudiantil de licenciatura de todo el país esté siendo víctima de
un fraude educativo, haciendo referencia a que esta situación se ha agudizado
en la última década, sobre todo en entidades como Guerrero, Hidalgo, Nayarit,
Quintana Roo y Morelos, según datos del Centro de Estudios de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
El
también presidente del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) enfatizó
que la educación privada se ha convertido en un negocio que opera bajo las
reglas del mercado, y no de acuerdo al interés público, menospreciando la
calidad educativa, lo que afecta directamente a 100 mil estudiantes inscritos
en las universidades llamadas “patito”, pues sólo el 10 por ciento de ellas
cumplen con lo establecido en la normatividad.
En el
caso de la educación de nivel superior, indicó que las decisiones son más
obligadas que voluntarias, en virtud, de que la oferta académica en este nivel
es reducida, teniendo el estado de Morelos nueve universidades públicas y 76
instituciones privadas de educación superior, mientras que en la UAEM, en el
ciclo escolar vigente de 11 mil 500 jóvenes que presentaron examen de admisión,
sólo ingresaron 5 mil 595 estudiantes, quedando fuera la mitad de ellos.
Sin
embargo –abundó- las principales licenciaturas con mayor demanda educativa
(medicina, derecho y psicología) permiten la apertura de opciones en
instituciones particulares, que se vuelven en muchos casos ofertas educativas
engañosas y fraudulentas, por lo que resulta necesario que las autoridades
educativas estatales den certidumbre a las familias morelenses para que la
decisión que tomen no constituya un fraude para los estudiantes, en donde sean
egresados sin los conocimientos suficientes o sus estudios no sean legalmente
válidos, sin posibilidad de tener un certificado de estudios o título
legalmente reconocido en el país.
Por ello,
la LII Legislatura exhorta al Gobernador del estado, Graco Luis Ramírez Garrido
Abreu, al secretario de Educación, René Santoveña Arredondo, y a la directora
General del IEBEM, Marina Aragón Celis, a publicar en sus sitios oficiales de
internet y a difundir en los medios masivos de comunicación del estado, la
relación de instituciones educativas particulares de todos los tipos y
modalidades, que tengan reconocimiento de validez oficial e incorporación, así
como aquellos a los que por incumplimiento les ha sido retirado el mismo.
Del mismo
modo, se les exhorta para que realicen una revisión e inspección minuciosa, y
revocar o retirar el reconocimiento de validez oficial, a los planteles
educativos que incumplen con la normatividad vigente, y que no garantizan
estándares de calidad educativa.
El mismo
exhorto solicita a las mencionadas autoridades educativas, realizar una seria y
completa planeación que regule y controle el crecimiento de las instituciones
particulares de educación superior, así como abrir la oferta educativa de las
instituciones públicas de educación superior y difundir la misma, a modo de
evitar la saturación de carreras históricamente con mayor demanda y evitar en
un futuro el desequilibrio del mercado laboral, teniendo profesionistas en
actividades consideras como “subempleo”.
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