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La
propuesta fue realizada por el diputado José Manuel Agüero Tovar con el
objetivo de normar la instalación y funcionamiento de dichos establecimientos.
El
diputado José Manuel Agüero Tovar presentó una iniciativa para crear la Ley que
Regula las Casas de Empeño en la entidad, la cual normará la instalación y
funcionamiento de establecimientos cuya finalidad sea ofertar al público la
celebración de contratos de mutuo con interés y garantía prendaria, lo anterior
durante la sesión ordinaria celebrada el día de hoy en el Congreso del Estado.
Destacó
que a partir de 2012, el gobierno federal obligó a las casas de empeño a
transparentar sus operaciones y enlistarse en un registro público, mediante el
decreto por el que se reformaron los artículos 65 y 128 de la Ley Federal de Protección
al Consumidor (LFPC); asimismo, la Secretaría de Economía (SE) anunció que la
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) es la encargada de ejecutar un
programa de verificación de establecimientos y lugares en los que se ofertan al
público contratos de mutuo interés y garantía prendaria.
Dijo que
el decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), puntualiza
que para que una casa de empeño opere, debe inscribirse en el Registro de Casas
de Empeño (RCE) y contar con los contratos de adhesión de sus clientes; de lo
contrario, deberá pagar multas que irán de los 617 pesos con 41 centavos a los
2.4 millones de pesos y que la operación de una casa de empeño sin la
inscripción en el RCE se considerará como infracción particularmente grave.
Ante el
Pleno del Congreso, el también presidente de la Junta Política y de Gobierno,
indicó que de acuerdo con la PROFECO en la República Mexicana existen al menos cinco
mil 406 casas de empeño reguladas; sin embargo dichas cifras discrepan de los
registros que tiene la Asociación Nacional de Casas de Empeño (ANACE) refiriendo
que en nuestro país la mayoría de establecimientos se encuentra en el centro y
sureste, y entre negocios formales e informales se calcula que existen al menos
seis mil 500 establecimientos de este tipo, 116 % más que hace cuatro años.
Añadió
que si se considera el dato aportado por la PROFECO de unidades en la
formalidad (cinco mil 406) contra el dato aportado por la Anace, hay alrededor
de mil 094 negocios irregulares y sin supervisión alguna del gobierno federal y
que 40 millones de mexicanos son los clientes recurrentes de una casa de empeño
y aproximadamente siete de cada 10 establecimientos operan al margen de la ley,
con tasas de interés elevadas y nula transparencia, sin descontar que son
lugares donde podría lavarse dinero, como lo han señalado diversos especialistas.
Agüero
Tovar señaló que la PROFECO delegación Morelos, informó que al momento no se
cuenta con un padrón del número de casas de empeño, ni cuántas están cumpliendo
con la normatividad, quienes señalan que la verificación a dichos
establecimientos se hace a los que son debidamente formales, “los otros que no
están en la formalidad es algo que deben dar cumplimiento otras instancias de
gobierno, como son los municipios y la Secretaría de Economía”.
Destacó
que en los últimos años ha aumentado el número de casas de empeño en algunos
municipios como Temixco, Cuernavaca, Yautepec, Jojutla y Cuautla; sin embargo,
el establecimiento de los negocios no está regulado por una sola instancia que
permita tener mayor control de su apertura y garantizar a usuarios un servicio
apegado a la legalidad.
Al hacer
uso de la palabra dijo que es importante que se verifique que los proveedores
de los servicios de interés y garantías prendarias ajusten su comportamiento
comercial a la Ley Federal de Protección al Consumidor, ya que las casas de
empeño se han convertido en un arma de dos filos para los usuarios, mientras en
primer momento los apoyan prestándoles dinero, con el paso del tiempo se
convierte en un real martirio poder continuar con los cobros excesivos que les
hacen por los intereses.
El
también diputado por el VII Distrito, Jiutepec Sur, planteó mediante su
iniciativa, que las personas físicas y morales que desempeñen estas actividades
deberán obtener permiso del Ejecutivo del estado, por conducto de la Secretaría
de Hacienda para su instalación y funcionamiento, dicha autorización será de
tan solo un establecimiento y en caso de que el interesado desee establecer
sucursales u otro establecimiento similar, deberá solicitar en los términos de
esta Ley, un permiso adicional al otorgado.
Destacó
que los permisos deberán revalidarse anualmente en los términos que para tal
efecto se disponga en la Ley de Ingresos del Estado, asimismo que la existencia
de un dato falso en la solicitud será motivo suficiente para resolver
negativamente y desechar de plano la solicitud.
Mediante el
documento, Agüero Tovar señaló que la Secretaría de Hacienda deberá expedir y
hacer entrega del original del permiso al peticionario o a quién para tal
efecto se autorice; con respecto a las Casas de Empeño se autoriza a otorgar
préstamos con garantía prendaria hasta por un monto máximo de dos mil 500
salarios mínimos por transacción y hasta por un plazo máximo de cuatro meses
contados a partir de la celebración del contrato, y con opción a tres
refrendos.
Puntualiza
que no podrán concertarse operaciones con menores de edad o incapaces y que cuando
el prestamista tenga la más leve sospecha sobre la procedencia de los objetos
ofrecidos en prenda, solicitará al interesado la factura que acredite la
propiedad de los mismos; asimismo, los permisionarios están obligados a
permitir el acceso y facilitar la inspección que realice la autoridad
competente con el objeto de vigilar el cumplimiento de la presente Ley, la cual
se llevará a cabo con las formalidades que establece el Código Fiscal para el
Estado de Morelos.
Ante sus
homólogos, el diputado José Manuel Agüero Tovar destacó que la responsabilidad
social de este tipo de establecimientos es grande, ya que un buen número de
trabajadores no cuenta con servicios financieros o crediticios, por lo cual su
objetivo es la satisfacción de las necesidades inmediatas de efectivo de este
sector de la población; también se adhirió a la iniciativa el legislador Javier
Bolaños Aguilar y fue turnada para su análisis y dictamen a las comisiones
unidas de Puntos Constitucionales y Legislación y de Desarrollo Económico.
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